Estudiamos las necesidades
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de empresas globales.
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Entre las propuestas está un nuevo impuesto de operaciones financieras, el ya conocido impuesto tech (para servicios digitales) y medidas antifraude fiscal.
Se creará un gravamen indirecto de un 0,2 % para las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas. Se aplicará con independencia de la residencia de los agentes, siempre que las empresas sean cotizadas y el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1 000 millones de euros.
El denominado impuesto tech o tasa Google pretende ajustar la fiscalidad a las condiciones actuales de la economía de hoy. No gravará los beneficios, sino el valor incorporado a los servicios que se prestan, por ejemplo, los servicios de publicidad. Las empresas afectadas —en su mayoría grandes corporaciones internacionales— sufrirán una retención de un 3 %.
— Control de criptodivisas. Está previsto conocer la información sobre la posesión y operaciones con monedas virtuales (en España y el extranjero) siempre que afecten a contribuyentes españoles.
— Prohibición del software de ocultación de ventas. Restringirá los programas que permitan la manipulación de datos contables y de gestión.
— Prohibición de amnistías. No habrá instrumentos extraordinarios injustificados para rebajar los impuestos y dejar de contribuir al soporte del gasto público. Esta medida toca de lleno a grandes contribuyentes y fortunas.
— Lucha contra los paraísos fiscales. Se revisará el concepto del término conforme a criterios de equidad fiscal y transparencia. Se actualizará la lista de paraísos fiscales, así como los motivos para incluir una zona en esta recopilación.
— Endurecimiento de la limitación en efectivo. La intención es que los pagos entre empresarios no excedan los 1 000 euros en metálico (ahora el límite está en 2 500). Se mantendrá el límite de 2 500 euros para las operaciones realizadas entre particulares y empresas. Para los turistas extranjeros la cifra pasará de 15 000 a 10 000 euros.
— Ampliación de la lista de morosos. Se rebajará el umbral para entrar. Del 1 000 000 de euros bajará a 600 000.
— Normas antielusión. Se basa en la transposición de la directiva europea antielusión fiscal, conocida como ATAD. Se fortalecerá el régimen de Transparencia Fiscal Internacional (TFI) y la Imposición de Salida (Exit Tax) para evitar la deslocalización de la tributación en territorios de baja fiscalidad.
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