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Hacienda prepara la transposición de la directiva europea para el control sobre las comunicaciones de operaciones, que afecta al secreto profesional.
El Ministerio de Hacienda ya trabaja en la transposición de la Directiva 2018/822, y más concretamente en la nueva obligación de «comunicar mecanismos transfronterizos». El texto europeo recoge el deber de revelar a la Administración fiscal las operaciones y situaciones susceptibles de ocasionar fraude y elusión fiscal cuando atañan a más de un Estado.
En teoría, la nueva ley se elaborará para obedecer lo dispuesto en la citada directiva europea. Sin embargo, en los círculos empresariales temen que el Ministerio de Hacienda vaya más allá y obligue a comunicar operaciones «sospechosas» efectuadas en España.
De cumplirse estas conjeturas, abogados y asesores fiscales perderán el derecho y deber de secreto profesional hacia sus clientes o hacia las empresas para las que trabajen. Además, algunos asesores de grandes compañías ya advierten que la nueva medida supondrá costes a las empresas.
De momento, el borrador sí refleja que desde julio de 2018 los asesores estarán obligados a informar de operaciones que posiblemente puedan ocultar un fraude fiscal. La nueva Ley General Tributaria estará lista para antes de que concluya 2019.
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